El gobierno federal se movilizó cuando, el 23 de agosto, la AMOTAC dio a conocer que realizaría un paro nacional de transportistas los días 29 y 30 de agosto. Este movimiento amenazó con bloquear las principales carreteras del país, en su avance hacia el Zócalo de la Ciudad de México.
A pesar del anuncio oficial de la protesta, ésta fue postergada. Pero, ¿por qué sucedió esto? ¿Qué llevó a los transportistas mexicanos a tomar esta decisión?
En esta nota te explicaremos un poco sobre las relaciones del Gobierno de México con la AMOTAC. Esto es para comprender qué los condujo a este punto y qué podemos esperar más adelante.
Primeras tensiones
El conflicto del Gobierno con la AMOTAC ha estado presente desde la creación de esta última, en 2003. Esto se debe a su fundación derivada, precisamente, de roces entre las autoridades y el gremio de transportistas.
Quizá una de las primeras protestas documentadas de la AMOTAC es la que tuvo lugar en abril de 2012. El alza en el precio de la gasolina llevó a los transportistas a realizar una protesta que implicó bloqueos en los accesos a la Ciudad de México. Otras peticiones incluían el retiro de los camiones de doble remolque de las carreteras, además de la eliminación de normas sobre pesos y dimensiones en los vehículos de carga.
Al no recibir respuesta a sus demandas, la protesta se retomó –en forma de caravanas por todo el país– en agosto del mismo año. Aquella ocasión, el gobierno se comprometió a cumplir algunas de las exigencias de los transportistas. En cuanto a los camiones de doble remolque, se propuso abrir un diálogo para negociar su retiro de las carreteras.
Otras protestas
En 2015 la AMOTAC volvió a alzar la voz en contra de la llamada Ley Exterminio (NOM-068), que amenazaba con sacar de circulación a miles de unidades con más de 20 años de antigüedad. A pesar de las amenazas de un paro nacional de transportistas durante las elecciones, la ley entró en vigor en julio de ese mismo año.
También en 2015, casi a la par de la protesta contra la NOM-068, la AMOTAC solicitó al Gobierno de México un refuerzo en la seguridad de las carreteras. Esta petición argumentaba que mensualmente se producían hasta 50 robos de vehículos en México.
En 2016, tras el foro “Pesos y Dimensiones de las Configuraciones Vehiculares que transitan en las Vías Federales de Comunicación”, el Gobierno realizó compromisos enfocados en mejorar la seguridad en carreteras. Entre estos se encontraba el uso obligatorio de motores eléctricos para regular la velocidad de los vehículos doblemente articulados, videovigilancia en carreteras y la realización de campañas de educación vial.
De 2017 a 2022, surgieron otras manifestaciones bajo demandas similares. Algunos problemas que salieron a relucir fueron el elevado precio de las casetas y las carreteras en mal estado. Para finales del 2022, surgió el problema de los altos costos para el uso de rampas de frenado.
¿Qué se exige con el paro nacional de transportistas?
Con la falta de respuesta a las peticiones que ha hecho la AMOTAC desde sus inicios, no es sorprendente que siga existiendo inconformidad. Problemas como la inseguridad y el precio de la gasolina han crecido con los años y los transportistas no cesan en tratar de hacerse oír.
Todas las demandas que ya expusimos conforman el anuncio oficial del paro nacional de transportistas de la AMOTAC. Algunas de las principales preocupaciones de los miembros de la alianza son:
Violencia hacia transportistas
La creciente inseguridad en el país se ve reflejada en todos los ámbitos; esto, por supuesto, no excluye a las carreteras. Tan solo en enero del 2023 se reportaron 819 sucesos de robo a transportistas, lo que representa un 19.2% más en comparación a enero de 2022.
Si bien, en primera instancia, el trabajo de un transportista podría considerarse de bajo riesgo, se estima que el 96% de los robos a transporte de carga se realiza mediante el uso de violencia. Siendo así, los transportistas no están seguros incluso si el objetivo de los criminales es sólo obtener la carga.
La CANACAR ha estimado que los temas de seguridad provocan que los costos operativos se incrementen hasta un 15%. Esto repercute directamente en la economía nacional, porque mientras más costoso sea transportar los bienes básicos, más elevado será su precio en el mercado.
Extorsiones
De la mano con el asunto de la seguridad, están también las extorsiones que se realizan en México, sobre todo en estados como el Estado de México, Veracruz, Guerrero e Hidalgo. Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a 2023 se registraron 68,491 víctimas de extorsión.
En agosto de este mismo año, se reportó la quema de cuatro camionetas como resultado de los transportistas que se negaron a pagar el famoso “cobro de piso”.
Este término se refiere al precio que deben de pagar los transportistas tanto dentro de las ciudades como en carretera por una supuesta protección y permiso para operar. Los castigos impuestos por no cumplir con este pago van desde golpes hasta, incluso, asesinato. Las víctimas han presentado denuncias por años; sin embargo, estas no han prosperado.
Como respuesta a esta situación, miembros del gremio de transportistas formaron las brigadas de “autodefensas del transporte” para hacer frente a extorsiones, robos y asaltos. Su intención es patrullar algunas carreteras y realizar recorridos para garantizar la seguridad de los transportistas.
Si bien esta es quizá la forma más violenta de extorsión, existe una que es mucho más común y que afecta incluso a los automóviles. Se trata de la exigencia de “mordidas”. No sólo de la policía, sino también de funcionarios públicos.
Desde el 2015, cuando la AMOTAC exigió seguridad para los transportistas en carreteras, ya se hablaba de la afectación que tienen las mordidas para ellos. Alegaron en aquel entonces que se llegaba a entregar una cuota mensual de cinco a diez mil pesos por unidad.
La petición formal de la AMOTAC en 2023 exige específicamente que se detengan los abusos y extorsiones por parte de los elementos de seguridad tanto estatales como municipales.
Circulación de camiones doblemente articulados
La existencia de los camiones de doble remolque o con doble articulación ha sido objeto de debate desde 2012.
Por un lado, la AMOTAC está radicalmente en contra de la circulación de estos vehículos. Una de las bases en las que se sostiene su postura es las miles de muertes que los camiones de doble remolque provocan, debido a los accidentes en los que se ven envueltos a diario en carretera.
Alegan que esto es debido a las pocas regulaciones que existen en el peso de estos transportes, hecho que los integrantes de la AMOTAC ven injusto, ya que a ellos se les revisa el peso y dimensión de las unidades.
Otro aspecto de los camiones doblemente articulados que causa incomodidad es que más de 350,000 transportistas se han visto desplazados por la competencia que generan. Un camión doblemente articulado implica que sólo se le tiene que pagar a un transportista por mover la cantidad que normalmente llevarían dos camiones.
Cabe destacar que los miembros de la CANACAR consideran que eliminar los camiones de doble remolque traería más problemas al sector de transporte. Estos incluirían un aumento en el precio de las operaciones y, en consecuencia, en la canasta básica. Sumado a esto, no habría suficientes transportistas para cubrir la demanda. La cámara argumenta que el verdadero problema son las unidades viejas que continúan circulando.
Si bien las posturas contradictorias de la AMOTAC y la CANACAR en este ámbito son un tema complejo, es importante mencionar que desde hace años se ha puesto en duda el porqué de la convicción que tiene la AMOTAC para deshacerse de los camiones de doble remolque.
Cobro de rampas de frenado
Las rampas de frenado son estructuras que se ubican a un costado de las carreteras. Estas ayudan a los vehículos que se han quedado sin frenos, o se encuentran fuera de control, a disminuir su velocidad de forma segura.
Si bien de manera oficial el uso de las rampas de frenado no tiene costo alguno, de acuerdo con la información de la CAPUFE, lo que cuesta son los daños derivados del uso.
Los vehículos mayores a 3.5 toneladas tienen que pagar el costo de los daños de las rampas de frenado directamente a CAPUFE. Este costo puede oscilar entre los $90,000 y los $170,000 pesos, sin contar el uso de grúa para el arrastre de la unidad.
¿Habrá un paro nacional de transportistas?
Actualmente, la situación actual de la AMOTAC y el Gobierno Federal no es muy distinta al panorama de años como el 2015. Las peticiones de los transportistas no aminoran; por el contrario, se han sumado nuevas exigencias con el mismo objetivo: procurar los intereses del gremio de transporte.
En esta ocasión, la AMOTAC decidió postergar el paro nacional de transportistas por 12 semanas. Esto debido a que se llegó a un acuerdo con la SEGOB, mediante el cual la Guardia Nacional se comprometió a sostener reuniones mensuales con líderes de la AMOTAC, para revisar y proponer acciones que refuercen la seguridad en carreteras.
Adicionalmente, se acordó hacer gratuito el uso de rampas de frenado de la red federal carretera y suspender el cobro de multas de normatividad “Año modelo” para el transporte de carga, pasaje y turismo.
Recordando las palabras de Rafael Ortíz Pacheco –presidente nacional de la AMOTAC– en 2012: “Muy posiblemente antes de que se vayan, vamos a reclamar la falta de palabra. La vez pasada fallaron y hoy no creo que vayan a cumplir, pero igual hay un documento que los pone en evidencia (…)”, surge la duda: ¿veremos repetirse este escenario en unas semanas?
Aún pueden pasar muchas cosas hasta finales de noviembre, por lo que sólo nos resta esperar y mantenernos al tanto de las noticias referentes a la que quizá continúe siendo una larga disputa.
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